En un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial están transformando rápidamente la forma en que vivimos y trabajamos, surge una preocupación cada vez mayor sobre el impacto que estos avances tendrán en el empleo y la igualdad de acceso a oportunidades. Ante esta realidad, creo firmemente en que se debe establecer un acceso básico universal y gratuito a Internet, convirtiéndolo en un derecho humano fundamental y financiado en parte por las grandes empresas tecnológicas.

Internet como un derecho humano

El acceso a Internet se ha convertido en una herramienta vital para la participación en la sociedad moderna. Facilita el acceso a la información, la educación, el empleo y la participación cívica. Sin embargo, la brecha digital persiste, con millones de personas en todo el mundo aún sin acceso a Internet o enfrentando barreras económicas para ello. Esto no solo perpetúa la desigualdad, sino que también limita el potencial de desarrollo personal y socioeconómico.

A medida que la tecnología continúa avanzando, surge la preocupación sobre el impacto en el empleo. Se estima que millones de empleos podrían ser automatizados en los próximos años, lo que podría exacerbar la desigualdad económica y social si no se toman medidas para abordarlo.

El papel de las grandes empresas tecnológicas

Las grandes empresas tecnológicas, que se han beneficiado enormemente de la revolución digital, tienen la responsabilidad de contribuir a mitigar estos desafíos. Estas empresas han acumulado vastas riquezas y recursos, y ahora es el momento de reinvertir parte de esos recursos en la sociedad que las ha apoyado. Por ejemplo, podrían implementar programas de subsidios para familias de bajos ingresos o invertir en infraestructura para expandir el acceso a Internet en áreas rurales y desatendidas.

Propuesta: Financiar un Internet básico gratuito para todos

Proponemos que las grandes empresas tecnológicas contribuyan financieramente a la provisión de un Internet básico gratuito para todos. Esto podría lograrse a través de un fondo conjunto, financiado por una pequeña parte de los ingresos o beneficios de estas empresas. Este fondo se utilizaría para financiar la infraestructura necesaria y los costos operativos asociados con la prestación de un acceso básico a Internet para todos los ciudadanos.

Beneficios de la propuesta

• Reducción de la brecha digital: Al garantizar que todos tengan acceso a Internet, se reduce la brecha digital y se promueve la igualdad de oportunidades.

• Apoyo al empleo: Un acceso básico universal y gratuito a internet puede facilitar la búsqueda de empleo, el aprendizaje de nuevas habilidades y la participación en la economía digital, ayudando a mitigar los efectos negativos de la automatización en el empleo.

• Compromiso social: Las grandes empresas tecnológicas demuestran su compromiso con la sociedad al reinvertir parte de sus ganancias en iniciativas que benefician a todos, especialmente a aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Rol de los Estados

Si bien las grandes empresas tecnológicas desempeñarían un papel crucial en el financiamiento del acceso básico a Internet, el gobierno de cada país tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que este acceso sea equitativo, accesible y gestionado de manera efectiva. Aquí se destacan algunos aspectos clave del papel de los estados en este sentido:

1. Gestión y regulación: Los estados tienen la responsabilidad de gestionar y regular el acceso básico a Internet para garantizar su disponibilidad equitativa y su calidad. Esto implica establecer políticas y regulaciones que promuevan la competencia en el sector de las telecomunicaciones y protejan los derechos de los usuarios sin censurar de contenidos en línea, garantizando así la libertad de expresión y el acceso a la información.

2. Financiamiento complementario: Si bien las grandes empresas tecnológicas pueden contribuir significativamente al financiamiento del acceso básico a Internet, es posible que los recursos generados no sean suficientes para cubrir todas las necesidades. En este sentido, los estados pueden complementar este financiamiento a través de presupuestos asignados para infraestructuras de telecomunicaciones y programas de inclusión digital.

3. Educación y capacitación: Además de garantizar el acceso a Internet, los estados también tienen la responsabilidad de promover la alfabetización digital y la capacitación en habilidades tecnológicas. Esto es fundamental para maximizar los beneficios del acceso a Internet y asegurar que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la economía digital.

4. Colaboración internacional: Dado que el acceso a Internet no conoce fronteras, los estados también deben trabajar en colaboración con otros países y organizaciones internacionales para abordar los desafíos relacionados con la infraestructura de Internet y la seguridad cibernética a nivel global.

---

Establecer el acceso básico universal y gratuito a Internet como un derecho humano fundamental y financiarlo con la contribución de las grandes empresas tecnológicas es una medida proactiva y socialmente responsable. No solo aborda la creciente brecha digital y los desafíos asociados con la automatización del empleo, sino que también demuestra el poder transformador de la tecnología cuando se utiliza para el bien común. Es hora de que las empresas tecnológicas asuman su papel en la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo para todos.